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CAM - CAU - Nota Dir. Nacional de Aduanas - Infraccional Aduanero


Montevideo, 24 de junio de 2011

 

Señor Director Nacional de Aduanas
Cr. Enrique Canon.
Presente


De nuestra consideración.


La Decisión Nº 27/10 del CMC, que recoge como Anexo al Código Aduanero del Mercosur (CAM), fue oportunamente suscrita por el Señor Presidente de la República.

 

Esa postura fue ratificada ulteriormente por nuestras Autoridades en la última “Cumbre del Mercosur”  celebrada en diciembre de 2010 en la ciudad de Foz de Iguazú, a través de la Decisión Nº 56/10 del CMC del Mercosur, que previó lo que se ha dado en llamar el “Programa de Consolidación de la Unión Aduanera”, y que – en su artículo 25 – expresa lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán las medidas internas necesarias para la entrada en vigor del Código Aduanero del MERCOSUR a partir de 1º de enero de 2012”.    

 

Esta definición gubernamental hace imprescindible el análisis del CAM desde la perspectiva de los legítimos intereses nacionales vinculados directa e indirectamente con las actividades de comercio exterior y – también – desde la óptica de la realidad normativa nacional en esa misma área, de manera de evaluar las consecuencias jurídicas que significaría la ratificación del CAM por el Poder Legislativo.

 

Esto último es lo que ha sido abordado por los integrantes de este foro de discusión técnica, no política, en el entendido de que la eventual ratificación del CAM haría necesarios ciertos ajustes de la regulación nacional de manera de lograr una coordinación normativa eficaz. En dicha tarea técnica se ha intentado contemplar todos los intereses sectoriales existentes, aún cuando en algunos casos, las soluciones seguramente no resulten  ser perfectas o indiscutibles. {mospagebreak}

 

El novel Código Aduanero del MERCOSUR ha generado ciertas incertidumbres e interpretaciones jurídicas no convergentes en los cuatro países miembros respecto a varias de sus disposiciones. Es, además, un cuerpo jurídico que deja varios aspectos relevantes a ser resueltos por una reglamentación a dictarse posteriormente en el ámbito del MERCOSUR. Pero hay una realidad que resulta incontrastable, y es que las autoridades gubernamentales han manifestado su posición favorable al CAM.


Es por todo ello que ponemos a su consideración las siguientes propuestas de carácter técnico que, desde nuestra óptica, podrían contribuir a minimizar en nuestro país los inevitables problemas jurídicos que se suscitarían con la ratificación del CAM, y proponer los sustentos normativos que pueden fundamentar la posición del Uruguay en relación a los demás Estados integrantes del MERCOSUR.

Quedando a vuestra disposición, le saludan con la más alta consideración,

 


Dr. Pablo Labandera                                              Dr. Pablo González Bianchi

 


Dr. Raúl González Berro                                   Dr. Enrique Martínez Schickendantz

 


Dr. Ricardo Mezzera                                               p . CENTRO DE NAVEGACIÓN
        
                                                                                            Mario Baubeta

 

                   PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN INFRACCIONAL   

         Y REPRESIVO ADUANERO LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO


El Proyecto que se somete a consideración cuenta con una serie de ventajas y fortalezas que permiten generar profundos cambios estructurales en el actual régimen infraccional – que fuera implantado sustancialmente en el año 1964 – manteniendo el debido equilibrio con las necesarias disposiciones que el mismo contempla y, en muchos casos, amplía.

Así, partiendo de un presupuesto conceptual ineludible, como es, que todo el régimen sancionatorio nacional – por expreso mandato constitucional, y por haber adherido nuestro país a diferentes tratados de carácter internacional que así lo disponen – resulta ser de corte “garantista”, y por tanto informado por principios jurídicos protectores, se ha intentado consolidar un cuerpo normativo garantista, moderno y adecuadamente equilibrado, capaz de proteger correctamente los intereses públicos y privados, pero sobre todas las cuestiones, el valor Justicia.

En ese sentido, el mismo posee una novedad trascendente en relación al régimen infraccional aduanero actual, ya que se introduce un primer capítulo donde se consagran una serie de principios fundamentales, reconocidos en todos los sistemas sancionatorios modernos, que funcionan como la verdadera “columna vertebral” del sistema infraccional planteado.

Así, luego de recoger los clásicos principios de legalidad, debido proceso, tipicidad y “Non bis in idem”, entre otros, se consagran dos principios que pueden considerarse como la verdadera “piedra angular” del capítulo predicho: el principio de responsabilidad subjetiva y el principio de buena fe y seguridad jurídica.

Ambos principios no hacen más que reconocer dos circunstancias, a saber:

• por un lado, la tendencia doctrinaria y normativa más reciente en materia de regímenes infraccionales, que han abandonado paulatinamente el régimen de responsabilidad objetiva, trasladando el ámbito de la imputación a un sistema en el cual el reproche y su correlativa sanción, tienen origen en la culpabilidad de los agentes. De igual modo, se cierra el paso a cualquier reclamo infraccional que tenga origen en algún cambio de criterio o postura que implique ir contra los propios actos del agente sancionador o del actor privado interviniente en una operación aduanera, generando mayor certeza jurídica y predecibilidad, y;

• por otro lado, la evolución manifiesta de nuestra Jurisprudencia que – en los últimos años, y a través de una metódica construcción pretoriana – ha ido forjando, primero, “resquicios interpretativos”, y finalmente, “criterios firmes”, hacia un régimen de imputación subjetiva en que el accionar del sujeto eventualmente infractor, se mide en base a la culpabilidad, esto es, a la existencia de dolo o culpa en su actuar, y además, ponderando el grado de autonomía que el mismo tuvo o pudo tener al momento de cometerse el ilícito, así como su grado de comprensión en relación al mismo. Asimismo, la Jurisprudencia nacional, incluso a nivel de nuestro máximo órgano jurisdiccional, ha comenzado a recoger la “Doctrina de los Actos propios”, que en definitiva cautela el accionar basado en la buena fe, tanto por parte de los operadores privados como de la propia Administración.

De igual modo, y en cuanto a los diferentes tipos infraccionales sometidos a consideración, se han introducido tres modificaciones trascendentes:

• en primer lugar, aquellas que refieren a los tipos infraccionales en sí, adecuando la estructura jurídica e incluso terminológica de algunos de los ya existentes a la orientación “garantista” premencionada, y manteniendo la infracción de contravención incorporada en la última Ley de Presupuesto Nacional;

• en segundo lugar, se ha intentado – también bajo el mismo presupuesto conceptual, de mantener el adecuado equilibrio entre el poder estatal y el respeto irrestricto a los derechos de los particulares – introducir una serie de modificaciones de derecho adjetivo, adecuando los procesos, plazos, institutos procesales y principios, a la normativa de carácter general, esto es, al Código General del Proceso, recogiendo las peculiaridades que el régimen infraccional aduanero posee. Así, se le ha dado mayor transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica a los procedimientos propuestos, y se ha intentado que los mismos permitan garantizar que todo aquel sometido a una instancia judicial en materia de represivo aduanero, reciba una sentencia definitiva en un plazo razonable, y finalmente;

• en tercer lugar, se han incorporado y se someten a consideración,  infracciones no existentes (como la infracción de violación del régimen de tránsito), e incluso un tipo delictual no contemplado actualmente (el delito de defraudación aduanera, como correlato penal de la infracción correspondiente). Es decir, se han adicionado al régimen sancionatorio y punitivo aduanero,  tipos infraccionales y penales que responden a la nueva realidad del comercio internacional, y que permiten con su consagración, hacer frente a las  nuevas maniobras ilícitas que se desarrollan con mayor asiduidad que en el pasado reciente, manteniendo – sin embargo – el debido equilibrio entre las potestades de ius puniendi del Estado y las garantías de los actores privados.

En referencia a las sanciones, el proyecto abandona un régimen basado en sanciones fijas y otorga facultades a los jueces para reducir las penas en función a los antecedentes del infractor y el grado de culpabilidad con el que actuó. El sistema propuesto permitirá, de esta manera, que se le pueda dar un trato diferente a aquellos infractores que cometen una infracción simplemente por negligencia que aquellos que actúan con dolo. Se entiende que ello permitirá una aplicación del sistema más justo y más adecuado a cada circunstancia.

Por otra parte, en la infracción más grave, como es la del contrabando se prevén agravantes y atenuantes. Estas previsiones permitirán sancionar de manera más severa que en la actualidad situaciones consideradas como graves por la norma proyectada.

En síntesis, el proyecto que se presenta a consideración, cuenta con una serie de ventajas esenciales: constituye un cambio favorable tanto desde el punto de vista del derecho sustantivo como desde la perspectiva del derecho adjetivo; se adapta la normativa nacional (al día de hoy, como consecuencia de su larga vigencia y sucesivas modificaciones parciales, inconexa, no siempre coherente y por tanto sin la dosis de seguridad jurídica necesaria) a la nueva realidad del comercio internacional, permitiendo castigar aquellas situaciones realmente infraccionales y originadas en un actuar doloso o  imprudente de los actores, y por ello; se convierte al régimen infraccional y represivo aduanero nacional, en un cuerpo normativo equilibrado, justo, moderno, garantista y previsible, fortaleciendo el Estado de Derecho existente.

En definitiva, se busca generar los instrumentos jurídicos necesarios para alcanzar mayor “calidad institucional”, es decir, instituciones más responsables y previsibles y actores privados más probos y escrupulosos en el tratamiento de las operaciones aduaneras.

 

                                                          TITULO
                                     REGIMEN INFRACCIONAL ADUANERO

De los Principios que se aplican al Régimen Infraccional Aduanero.

PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO LEGAL.- Toda persona sujeta a un procedimiento iniciado por la supuesta comisión de una infracción aduanera, tiene derecho a ser oído y hacer valer sus pretensiones ante una Autoridad Jurisdiccional imparcial; a ser juzgada conforme a la Ley; contando con la debida asistencia jurídica; asegurando de ese modo un resultado justo y equitativo dentro del proceso.


PRINCIPIO DE TUTELA JURISDICCIONAL.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el efectivo ejercicio de sus derechos, con arreglo a un debido proceso.


PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Nadie podrá ser juzgado sino conforme a Leyes preexistentes que contemplen de manera inequívoca la acción u omisión punibles que se pretende imponer.


PRINCIPIO DE TIPICIDAD.- La Ley definirá previamente las conductas que califica como punibles de manera manifiesta, las sanciones aplicables, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo correspondiente.


PRNCIPIO DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (CULPABILIDAD).- Para ser castigado por la comisión de una infracción aduanera, la persona debe haber actuado con culpabilidad.

Para atribuir una pena a una persona, será necesario que la misma no haya cumplido con la normativa correspondiente, toda vez que las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento jurídico, en las circunstancias en que se encontraba.


PRINCIPIO DE “NON BIS IN IDEM”.- Nadie puede ser sumariado o condenado sino una sola vez por el mismo hecho.


PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LA PENA.- Sólo aquel que hubiere efectuado la conducta punible, será pasible de las sanciones previstas en la normativa aplicable.

Nadie podrá ser sancionado sino es por la razón de sus actos, y la conducta de la persona que los realiza será la medida de la responsabilidad en que incurre.

Las personas jurídicas y demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física.

Sin perjuicio de la responsabilidad de las personas jurídicas y demás entidades, serán responsables en forma solidaria sus Directores, Representantes, Apoderados o Dependientes, serán sancionados por su actuación personal en la infracción. Si fuesen varios los infractores, responderán solidariamente todos ellos.


PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SANCIONATORIA MÁS GRAVOSA.- Toda vez que las normas de carácter aduanero, establezcan nuevas infracciones o instituyan una pena más rigurosa, las mismas no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.
Por el contrario, toda vez que las mismas deroguen infracciones vigentes o minoren las penas previstas para las mismas, se aplicarán de manera inmediata a los hechos anteriores a su vigencia, aparejando la clausura del procedimiento oportunamente incoado o de la condena impuesta en primera instancia, en el primer caso, y sólo la modificación de la pena, en el segundo, en cuanto ésta no se hallare ya fijada por sentencia ejecutoriada.

PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA “IN MALA PARTEM”.- Estará prohibida la interpretación analógica, toda vez que la misma tenga el efecto de incrementar los supuestos susceptibles de sanción o las penas correspondientes, más allá de los comprendidos en el precepto aplicable.
PRINCIPIO DE BUENA FE Y SEGURIDAD JURÍDICA.- En la aplicación de la normativa aduanera correspondiente, las Autoridades Públicas serán fieles a sus propios actos o a su propia conducta anterior, toda vez que las mismas hubieren generado una expectativa razonable en relación al ciudadano sobre la forma en que se aplica dicha normativa.

Este principio no podrá ser invocado por quien, ocultando información a las Autoridades, hayan provocado su conducta anterior.

De las infracciones aduaneras.
                                          CAPITULO 1

Artículo 1. (Tipos de Infracciones)- Son infracciones aduaneras la contravención, la diferencia, las defraudaciones, el contrabando, la receptación de contrabando, la diferencia en la descarga, la violación del régimen de cuenta abierta y la violación al régimen de tránsito.

                                          CAPITULO II
De la contravención.
Art. 2. (Concepto).- La contravención es la violación  de leyes o reglamentos, dictados por órganos competentes, que establecen deberes formales con respecto de procedimientos aduaneros, aunque no provoquen una pérdida en la renta fiscal y siempre que no constituyan infracción aduanera distinta de la contravención.
Serán responsables por dicha infracción las personas vinculadas a la actividad aduanera que hayan incumplido los deberes referidos.
Art. 3. (Sanciones).- La sanción será impuesta por la Dirección Nacional de Aduanas, previo procedimiento administrativo que asegure el derecho de defensa del imputado y consistirá en una multa de UI 400 (cuatrocientos  unidades indexadas) a UI 4000 (cuatro mil unidades indexadas).
Para la determinación de la sanción la Dirección Nacional de Aduanas tendrá en cuenta entre otros aspectos los antecedentes del infractor y el grado de culpabilidad con que actuó el mismo.
Contra la resolución de la Dirección Nacional de Aduanas podrán interponerse los recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Constitución y deducirse, oportunamente, la acción de nulidad prevista en el artículo 309 de la misma.

 

                                             CAPITULO III
De la diferencia.

Art. 4. (Concepto) .- Se considera que existe diferencia cuando se comprueba al hacerse los controles del caso, a priori o a posteriori de desaduanadas las mercaderías, que si se hubiesen seguido las declaraciones, datos o indicaciones del solicitante, el Fisco se habría perjudicado en la percepción de la renta, encontrándose mercaderías en los siguientes casos:
 1.- Importación:
 A.- De clasificación arancelaria, especie, origen o procedencia diversa, de clase o calidad superior, o de dimensiones mayores o gravada con tributos más altos.
 B.- De más peso, de más cantidad.
 C.- Otras mercaderías, además de las declaradas, siempre que no se trate del caso previsto en el artículo 15 literal D.
 D.- De más o menos valor que el declarado.
 2.- Exportación:
 A.- De clasificación arancelaria, especie diversa, de clase o calidad superior, de dimensiones mayores o gravados con tributos más altos.
 B.- De más peso, de más cantidad.
 C.- De más o menos valor.
La clasificación arancelaria inexacta comprendida en cualquier declaración aduanera no configurará infracción aduanera si se hubieran indicado todos los elementos necesarios para permitir a la Dirección Nacional de Aduanas la correcta clasificación y/o valoración de la mercadería de que se trata.
Art. 5. (Sanciones).- En los casos comprendidos en el artículo anterior las sanciones serán las siguientes:
 1.- Del inciso A  y B de los números 1 y 2 e inciso C del numeral 1: Una multa igual al monto de los tributos en que se habría perjudicado el Fisco por la infracción.
 La multa referida en el inciso anterior, podrá reducirse hasta un 20% del monto de los tributos tomando en cuenta los antecedentes del infractor y el grado de culpabilidad con que actuó el mismo.
Cuando la Junta de Aranceles haya hecho la salvedad indicada en el apartado final del art. 33.2, ese primer despacho se efectuará con arreglo a la resolución de la Junta de Aranceles, sin que genere ninguna sanción ni reliquidación de tributos.
 2.- Del inciso D del número 1 y del inciso C del número 2, la multa será equivalente al 35% de los tributos correspondientes a la diferencia de valor, cuando esta sea superior a la tolerancia prevista en el artículo siguiente y no supere el 55% del valor declarado por el importador y al 70% si superara dicho 55%.
 3.- En los casos anteriores, es obligatorio el despacho o extracción de toda la partida por el solicitante de la operación, salvo que el mismo la reembarque, dentro del término que fijará la Dirección Nacional de Aduanas, previo pago de la multa correspondiente.
Art. 6. (Tolerancias).- La fijación de la diferencia admitirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior,  invariablemente, una tolerancia del 5% de la cantidad, peso, capacidad u otra unidad de medida, o del valor.
 Las diferencias comprendidas dentro de los porcentajes de tolerancia no configuran infracción y no generan sanción, debiendo efectuarse la operación aduanera por el resultado de las verificaciones.
 A los efectos de la tolerancia no se admitirán compensaciones de unas declaraciones con otras en las diferencias en más o en menos de mercaderías de distinta especie, clase o calidad.
 Art. 7. (Corrección de la declaración).- Se admitirá la corrección de la declaración aduanera, cuando así lo solicitare el declarante, hasta el momento que la Dirección Nacional de Aduanas determine el canal o nivel de control que efectuará en dicha operación. La corrección podrá efectuarse a través de medios informáticos, sin necesidad de resolución de la Dirección Nacional de Aduanas.
 Asimismo, se autorizará la corrección de la declaración aduanera de mercadería, cuando así lo solicitare el declarante, a posteriori del momento referido en el inciso precedente siempre que el error no implique una pérdida de renta fiscal o presunción de infracción aduanera.
 En esta última hipótesis el declarante deberá abonar 400 UI (cuatrocientas Unidades Indexadas) en concepto de prestación de servicio por cada declaración, independientemente de la cantidad de datos corregidos.
 Las solicitudes de corrección serán inadmisibles si, previamente, la Dirección Nacional de Aduanas, a través de sus dependencias, hubiese detenido la declaración de la mercadería para revisar físicamente la misma; si hubiere iniciado cualquier procedimiento de fiscalización o si la declaración hubiese sido objeto de denuncia por presunta infracción aduanera ante la jurisdicción competente.
 Art. 8. (Auto revisión).- Sin perjuicio de lo dispuesto  en la disposición anterior y aún en caso que el error hubiera podido implicar pérdida de renta fiscal, será obligatorio comunicar por escrito  a la Dirección Nacional de Aduanas cuando se advierta, aún después del desaduanamiento de la mercadería, que existió una declaración errónea o inexacta. Si en el momento de realizarse dicha comunicación, la Dirección Nacional de Aduanas no hubiera notificado expresamente por escrito al solicitante la iniciación de una investigación o inspección que incluya dicha operación, la sanción que pudiere corresponder en caso de configurar infracción aduanera podrá consistir hasta en un 5% (cinco por ciento) de los tributos que se hubieran dejado de percibir por dicha diferencia. En caso de  aceptación expresa de dicha sanción por el solicitante, no será necesario iniciar sumario o proceso, disponiéndose las rectificaciones y las reliquidaciones pertinentes.
 Art. 9  (Procedimiento).- Encontrada la diferencia, el procedimiento a seguir será el que se indica:
 A (Reconocimiento).- Si el solicitante de la operación la reconoce, se hará constar en el respectivo documento, firmando dicha constancia el interesado, el funcionario interviniente, y el superior del funcionario.
 En este supuesto quedará concluida toda indagatoria de los hechos. Los tributos del permiso se liquidarán con arreglo a la denuncia, y la Dirección Nacional de Aduanas determinará el monto de la multa a imponer.
 B.- (Discrepancia) Si el solicitante de la operación no reconociera  la infracción o el monto de la multa, el funcionario interviniente elevará al superior un parte fundado denunciando circunstanciadamente lo ocurrido dentro de las 24 horas.
 C.-  En todos los casos de discrepancias, por parte del interesado, se levantará de inmediato y directamente un acta que autorizará el Escribano de Aduana, dejándose constancia de las manifestaciones que se formulen.
En los Departamentos el acta será autorizada por el jefe de la respectiva oficina aduanera, actuando con dos testigos a falta de Escribano. Las personas requeridas como testigos están obligadas a concurrir pudiendo ser conducidas por la fuerza pública si se negaren.
En el acta se consignarán brevemente los hechos que originan la discrepancia y con su otorgamiento, se iniciará el proceso.
D.-  Los interesados podrán retirar de inmediato las mercaderías en presunta infracción, pagando los tributos por lo declarado, pero sometiéndose a lo que resuelva en el proceso jurisdiccional correspondiente.
E.- Luego de levantada el acta y ocurrido el retiro de las mercaderías si correspondiere, se elevarán las actuaciones a la autoridad jurisdiccional competente.

 

                                              CAPITULO IV
De la Defraudación.

 Art. 10. (Defraudación) Se considera que existe defraudación en toda operación, manejo, acción u omisión, realizada con la coparticipación de funcionarios o sin ella, que, desconociendo las leyes, reglamentos o decretos, se traduzca o pudiera traducirse, si pasase inadvertida, en una pérdida de renta fiscal  y siempre que el hecho no esté comprendido en las prescripciones de otros artículos de esta ley.
 Art. 11. (Defraudación por desvío de beneficio).- Se considerará defraudación el cambio de aplicación o destino de las mercaderías, así como todo otro incumplimiento, posterior al desaduanamiento, de las obligaciones condicionantes de la introducción provisional, temporaria o definitiva. En estos casos, el Despachante de Aduanas interviniente sólo será responsable por su actuación durante la tramitación de la operación aduanera correspondiente.
Art. 12. (Sanciones).- En los casos de defraudación previstos en los artículos anteriores se impondrá una multa igual al doble del importe de los gravámenes adeudados, siendo éstos, también, de cargo del infractor.
La multa referida en el inciso anterior, podrá reducirse hasta un 50% del monto de los tributos, tomando en cuenta los antecedentes del infractor y el grado de culpabilidad con que actuó el mismo.
Art. 13. (De la Defraudación de valor).- Las acciones u omisiones que tiendan a distorsionar el valor en Aduana de las mercaderías a importar o las declaraciones de valor que difieran con el resultado de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertidas, produjeran o hubieran podido producir un perjuicio fiscal constituirán la infracción aduanera de defraudación de valor.
2.- Se presume la intención de defraudar, salvo prueba en contrario, cuando ocurran algunas de las circunstancias siguientes:
A.- Informaciones inexactas que disminuyan el importe del crédito fiscal.
B.- Comprobación de la adulteración de documentos o registros contables de los importadores relacionados con las operaciones aduaneras de importación que correspondan.
C.- El Valor en Aduana determinado por la Dirección Nacional de Aduanas supere como mínimo en un 50% el valor declarado por el importador.
3.- Si los hechos dieran lugar simultáneamente a más de una infracción aduanera, se aplicará la sanción mayor.
4.- La responsabilidad directa de estas infracciones será del importador de la mercadería o su mandante si actuara por poder, siempre que haya actuado con dolo. De igual modo, serán responsables otros partícipes directos en la medida en que hayan actuado con el mismo grado de culpabilidad.
5.- En todos los casos de Defraudación de Valor se impondrá una multa igual al doble del importe de los gravámenes adeudados, siendo éstos, también, de cargo del infractor.

                                            CAPITULO V

Del Contrabando. 
Art. 14. (Contrabando común. Concepto).- Se considera que existe contrabando en toda entrada o salida del territorio aduanero nacional, de mercaderías o efectos que realizada con la participación de funcionarios o sin ella, en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente, esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que establezcan leyes y reglamentos especiales, aún no aduaneros.
 Art. 15. (Presunciones simples).- Son presunciones simples de contrabando, que admiten prueba en contrario, las siguientes:
 A.- Cuando se introduzca o extraiga por puertos o fronteras, sin la correspondiente documentación, cualquier artículo sujeto a contralor aduanero, o bien la introducción o salida se efectúa en forma violenta o clandestina, con uso de armas o sin él , o cuando se realice por puntos no autorizados o en horas inhábiles.
 B.- Cuando se dejen de consumar, sin consentimiento expreso de la Aduana, las operaciones de tránsito, trasbordo o reembarque, salvo que causas justificadas hayan hecho imposible la realización completa de la operación, sin que haya habido tiempo material de obtener la mencionada autorización previa y que el interesado comunique a la Aduana la interrupción y sus motivos, dentro del plazo que determinan los reglamentos; si se sustituyen bultos o contenidos o se retornan o vuelven clandestinamente al país los artículos sacados en algunos de los conceptos expresados.
 C.- Cuando los medios de transporte, en los casos que correspondan, se aparten de las rutas preestablecidas para su entrada, salida o tránsito del o por el país.
 D.- En los casos de introducción o extracción de mercaderías en forma que escape a la fiscalización usual, ocultas en secretos o dobles fondos o en cualquier forma de clandestinidad, o bien empleando una vía o conducto no autorizado.
 E.- En los casos de movilización de mercaderías sin la documentación correspondiente establecida por leyes o reglamentos dictados por autoridades competentes.
 F.- En casos en que se encuentre en cualquier vehículo embarcación o aeronave mercaderías o efectos sin la documentación requerida por las disposiciones pertinentes.
 G.- Cuando se simulen operaciones, se falsifiquen o sustituyan documentos, marcas o sellos, con el objeto de realizar, facilitar u ocultar un fraude en perjuicio directo de la renta fiscal.
 H.- Cuando un medio de transporte no llene los requisitos y formalidades prescriptos por las leyes de la materia para justificar su arribada forzosa.
Art. 16. (Sanciones)
1 (Comiso principal).- En los casos de contrabando común, se impondrá el comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos, las costas y costos del juicio, el pago del doble de los tributos de importación que integran la Tasa Global Arancelaria y una multa del 20% del valor comercial de las mercaderías o efectos, los que serán liquidados y percibidos por la Dirección Nacional de Aduanas. El órgano judicial podrá disponer la publicación de las resoluciones jurisdiccionales, con cargo al o a los condenados. En caso de infracción dolosa o de reincidencia, la publicación será obligatoria.
 2.- Cuando por cualquier circunstancia no puedan aprehenderse o decomisarse las mercaderías o efectos en infracción, se condenará, en sustitución del comiso, al pago de su posible valor comercial, el que deberá ser estimado al momento de la sentencia. Si hubiere mediado retiro bajo garantía por el denunciado, se procederá de igual modo.
3.- Cuando los bienes en presunta infracción se encontraren en poder de un tercero, propietario de los mismos, que los hubiera adquirido de buena fe posteriormente a la consumación de la infracción, se procederá a su entrega y se aplicará la sustitución del comiso por la multa tal como lo prevé el numeral anterior. Será de carga de dicho tercero el demostrar su buena fe.
 4.- (Comiso secundario)- El comiso comprenderá, también: las embarcaciones menores; los vehículos; las aeronaves privadas, particulares, no destinadas, por lo tanto, al transporte aéreo con fines comerciales, de pasajeros, correo o carga, utensilios e instrumentos empleados para la conducción o transporte de las mercaderías o efectos (comiso secundario); salvo que se pruebe por los propietarios de tales bienes, su falta de participación e intervención en el fraude imputado y que, la circunstancias del caso determinaren que no podían conocer tal empleo ilícito. Constituye presunción simple de haber participado o intervenido en el fraude o de haber tenido conocimiento del empleo ilícito referido cuando estos bienes fueren arrendados, prestados, dados en comodato o cedidos a cualquier otro título a los responsables de la infracción, en los supuestos de que estos últimos no revistan las calidades o aptitudes necesarias para asumir los deberes de conductor, tenedor, guardián de los vehículos o instrumentos, o los mismos fueren notoriamente insolventes. También se presume, salvo prueba en contrario, la participación o intervención de los propietarios de estos medios de transporte o instrumentos, cuando ellos hayan perdido la guardia por culpa grave o dolo. Cuando, por estas circunstancias, o por otra cualquiera, no pueda efectuarse el comiso secundario, se condenará al infractor al pago del valor comercial del mismo determinado a la fecha de la sentencia.
 5.- (Sustitución del comiso secundario) Si existiere una diferencia apreciable de valor entre el comiso secundario y las mercaderías y efectos en infracción, a criterio del Juez, y los responsables de ésta no han sido anteriormente sancionados por ilícitos aduaneros por defraudación, contrabando o violación del régimen de cuenta abierta, la autoridad jurisdiccional podrá sustituir el comiso secundario por una multa de 3 a 10 veces el valor comercial de la mercaderías o efectos mencionados.
 Art. 17. (Contrabando menor: concepto y sanciones) Constituyen circunstancias atenuantes especiales en la infracción de contrabando que el mismo se haya cometido a título culposo o haya recaído sobre mercaderías o efectos de poco valor, o para uso o consumo directo del tenedor o de su familia o para atender una necesidad, fuera de la situación prevista en el art. 27 del Código Penal. Se consideran mercaderías o efectos de poco valor las que tengan un valor en Aduana igual o inferior a 70.000 UI. La prueba de la ausencia de dolo recaerá sobre el infractor.
En estos casos la única sanción consistirá en una multa entre el 30% al 50 % del valor comercial de las mercaderías, siendo los tributos de cargo del infractor.
 Art. 18. (Contrabando agravado) Constituyen agravantes especiales de esta infracción:
 A.- Si intervinieren en el hecho tres o más personas en calidad de autor, coautor, instigador o cómplice.
 B.- Cuando en la comisión del hecho interviene, en cualquier grado de responsabilidad, un agente público destinado, sea a la prevención, a la represión del ilícito o un funcionario público con abuso de su cargo.
 C.- La habitualidad y reincidencia específica y el concurso de infracciones.
 D.- Cuando el contrabando tenga por objeto introducir estupefacientes, elementos nucleares destinados a usos no pacíficos, explosivos, agresivos químicos o biológicos o materiales afines, armas especialmente reglamentadas que fueran consideradas de guerra y sustancias o elementos  que por su naturaleza, cantidad o características puedan afectar la seguridad común y la salud pública, humana, animal o vegetal.
 E.- Si se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otra infracción o su tentativa.
 F.- Si se realizare empleando un medio de transporte aéreo que se apartare de la ruta o plan de vuelo autorizados o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por la autoridad competente.
 G.- Se cometiere mediante la presentación ante la Aduana de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplir la operación aduanera.
 H.- Se tratare de mercaderías cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta.
 Art. 19.- (Contrabando agravado. Sanciones) En los casos de contrabando agravado se impondrán las sanciones dispuestas para el contrabando común y, según el caso, podrán disponerse  las siguientes sanciones:
a) Una multa entre cinco y diez veces el valor comercial de las mercaderías o efectos.
b) Inhabilitación absoluta para efectuar importaciones, exportaciones u otras operaciones aduaneras por el término de 2 a 10 años.
c) Inhabilitación absoluta para ejercer el comercio por el término de 2 a 10 años.                                                 

                                               CAPITULO VI
De la Violación al Régimen de Tránsito Aduanero.

Art. 20. (Definición).-  Se configura la infracción de Violación al Régimen de Tránsito siempre que se ingrese mercadería al territorio aduanero nacional en tránsito, violando requisitos esenciales para la importación o exportación en tránsito, establecidos para cierto tipo de mercaderías, previstos por leyes o reglamentos aún no aduaneros.
 Esta infracción será sancionada con una multa equivalente al valor en aduana de la mercadería respectiva.

 

                                             CAPITULO VII


Mercaderías abandonadas en presunta infracción.

Art. 21. (Concepto y sanciones).- Cuando se encontraren mercaderías o efectos abandonados u olvidados, pero que hagan presumir la preparación de un contrabando, la persona que ha hecho el hallazgo se incautará de ellos y dará cuenta a la autoridad competente, la cual podrá optar, previa vista fiscal, entre el comiso y adjudicación de los efectos ocupados o el remate de los mismos. Se procederá de igual forma cuando los conductores hayan abandonado las mercaderías o cuando estas sean aprendidas después de una lucha o resistencia a mano armada y no sean descubiertos los responsables. 

 

                                              CAPITULO VIII


Violación del régimen de cuenta abierta.

Art. 22. (Definición).- Constituye la infracción aduanera de contrabando la violación del régimen de cuenta abierta instituido por el art. 26 de la ley 8.935 de 5 de enero de 1933.
 1.- Facultase al Poder Ejecutivo para eliminar o ampliar por decreto fundado la nómina de productos a introducirse dentro de este régimen.
 2.- Decláranse vigentes los arts. 23 a 34 de la referida ley No. 8.935 de 5 de enero de 1933.
 
                                                 CAPITULO XI


De la jurisdicción y competencia

 Art. 23 (Competencia según la cuantía).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 28 en cuanto a la competencia de la Junta de Aranceles el conocimiento de los asuntos relativos a infracciones aduaneras corresponderá a la Dirección Nacional de Aduanas, Juzgados de Primera Instancia con excepción de los de Canelones y Montevideo, Juzgados Letrados de Aduana. Tribunales de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia, con sujeción a las siguientes reglas:
 1.- A la Dirección Nacional de Aduanas incumbirá la resolución de los casos previstos en los arts. 193, 194 y 200, cuya cuantía no exceda de 70.000 UI.
 El Poder Ejecutivo reglamentará las atribuciones precedentemente conferidas y determinará el régimen de competencias de los distintos organismos de la Aduana, garantizando el debido proceso.
 Se aplicará en lo pertinente el procedimiento previsto en la presente ley para la sustanciación y resolución de las denuncias cuyo conocimiento corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas.
 2.- A los Juzgados Letrados de Primera Instancia, con excepción de los de Canelones y Montevideo y a los Juzgados Letrados de Aduana, dentro de sus respectivas jurisdicciones, incumbirá:
a) La decisión en alzada de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas;
b) La calificación e instrucción de los sumarios sobre hechos ocurridos dentro de los límites de su jurisdicción.
c) El conocimiento plenario en primera instancia de dichos sumarios.
3.-A los Tribunales de Apelaciones en lo Civil incumbirá la resolución en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra la sentencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior y de los Juzgados Letrados de Aduanas.
4.- A la Suprema Corte de Justicia le corresponderá resolver los recursos de casación.
Art. 24. (Ministerio Fiscal).- El ejercicio del Ministerio Fiscal o la representación del Fisco ante la Dirección Nacional de Aduanas, los Juzgados Letrados de Aduana, los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y ante la Suprema Corte de Justicia únicamente en los casos de inconstitucionalidad y de casación, incumbirá a los Fiscales Letrados Nacionales de Aduanas y de Hacienda. Ante las Administraciones de Aduanas del Interior y los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior; dicha representación estará a cargo de los Fiscales Letrados Departamentales de la respectiva jurisdicción.
Art. 25. (Subrogación).- A los Administradores de Aduana, los subrogará el funcionario de mayor jerarquía dentro de la Administración respectiva. Si este estuviera impedido intervendrá el Administrador de la Administración de Aduana más próxima de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
En caso de ausencia, excusación o impedimento de los Ministros de los Tribunales de apelaciones serán subrogados en la forma establecida en Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales y leyes modificativas.
La Suprema Corte de Justicia reglamentará la subrogación de los Jueces Letrados de Aduana en caso de impedimento o licencia de los titulares o vacancia del cargo.
Art. 26. (Competencia territorial).- La competencia para conocer en los asuntos por infracciones aduaneras, se fija en la siguiente forma:
1.- La autoridad en cuya jurisdicción se realice algún acto constitutivo de la infracción.
2.- La autoridad donde se denuncie la infracción, en caso de no poder establecerse el lugar de consumación de la misma.
Las diligencias sumáriales no se suspenderán hasta que el juicio esté en estado de manifiesto en el caso de que se discuta qué autoridad es competente para instruir el sumario y seguirá instruyéndolo la autoridad que previno, siendo válidas las diligencias aunque se declare que otras es la competente.
Art. 27. (Competencia según el monto).- Para determinar la cuantía del asunto, se estará a las reglas siguientes:
A.- Si se trata de la imputación de contrabando, la cuantía del asunto se reputará fijada en el valor comercial de las mercaderías. En todos los casos, si se hubiere empleado cualquier medio o elemento para la conducción o transporte de las mercaderías o efectos (comiso secundario), su valor comercial integrará la cuantía.
B.- Si se trata de imputación de diferencia, la cuantía del asunto se reputará fijada en los casos de los incisos A), B) ,C) y D), en el importe de la eventual multa mínima.
C.- Si se trata de imputación de defraudación, de defraudación de valor o defraudación por trasgresión a las obligaciones impuestas como condición de un beneficio, la cuantía del asunto se reputará fijada en el importe de la eventual multa mínima.

                                               

                                              CAPITULO XII

De la Junta de Aranceles
 
Art. 28. (Cometidos).- La Junta de Aranceles tendrá los siguientes cometidos:
A.- Estudiar permanentemente la nomenclatura arancelaria para proyectar, cuando corresponda, las reformas necesarias, así como presentar iniciativas relacionadas con el régimen de tarifas vigentes.
B.- Nomenclaturar y clasificar las mercaderías y productos para su importación y exportación.
C.- Prestar asesoramiento para la interpretación de las Notas del Arancel.
D.- Dictar resoluciones en las situaciones previstas en el  artículo 52  de la presente ley.
E.- Dictar resoluciones en los expedientes de consultas previas apeladas por el interesado y en todas aquellas en que la resolución del Tribunal Pericial se adopte por una mayoría inferior a los dos tercios de sus componentes.
F.- Constituir y organizar el Museo Merciológico.
G.- Sustituir a las Comisiones Clasificadoras y Aforadoras previstas en el decreto - ley 10.257 de 23 de octubre de 1942.
H.- Dar cumplimiento a otros cometidos que sobre materia de clasificación y valoración aduanera le fije el Poder Ejecutivo.

 Art. 29. (Integración).- La Junta de Aranceles estará formada por el Director Nacional de Aduanas, o en su defecto, por el Subdirector Nacional, por un Cuerpo Permanente de 6 miembros aduaneros presupuestados, y por representantes del comercio, de la industria y de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, designados anualmente por el Poder Ejecutivo en la forma y modo que dispondrá la reglamentación.

 Art. 30. (Integración especial).- La Junta de Aranceles tendrá una integración especial en los siguientes casos:
 A.- Para dictaminar en los casos previstos en los incisos A y B del artículo 28, estará constituida por el Director Nacional o el Sub Director como Presidente, tres funcionarios aduaneros, tres delegados del comercio y la industria y un delegado de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.
 B.- Para resolver en los casos previstos en D y E del artículo 28 estará constituida por el Director Nacional de Aduanas o el Sub Director como Presidente, dos funcionarios aduaneros, un delegado de la Cámara de Comercio y Servicios, uno de la Cámara Industria  y uno de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.
C- En ambos casos, los miembros aduaneros serán tomados del Cuerpo Permanente, no obstante lo cual, la Dirección Nacional, podrá sustituirlos en números de dos y uno respectivamente, por funcionarios tomados del Cuerpo de Verificadores o de la Dirección de Fiscalización.
D- Las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos, requiriéndose para primera convocatoria, la concurrencia de todos sus integrantes. Para la segunda bastará el “quórum” mínimo de la mitad más uno de sus componentes.
La Junta deberá tomar resolución en todos los casos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. Si no interviniere la Junta en un asunto que preceptivamente corresponde por esta ley o su integración no fuere conforme a la misma los dictámenes y resoluciones serán absolutamente nulos.
Art. 31. (Cuerpo Permanente).- El cumplimiento de los cometidos previstos en los incisos A, F y H del artículo 28, serán de competencia del Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles.
 La Dirección Nacional de Aduanas podrá designar además de los funcionarios del Cuerpo de Verificadores y de la Dirección de Fiscalización los que juzgue necesarios para la consideración de dichos asuntos.
 Art. 32. (Recursos).- De la decisión de la Junta de Aranceles podrá pedirse reposición dentro de los seis días hábiles.
1.- La autoridad del fallo podrá separarse de las conclusiones de la Junta de Aranceles.
En caso de apartarse de la resolución, deberá expresar las razones en que funda su opinión contraria. 
2.- Las resoluciones de la Junta de Aranceles sólo surten efecto en las controversias en que sean dictadas; pero si se rectificare la conclusión establecida en una decisión anterior, deberá hacerlo constar en el caso en que se produzca la rectificación a efecto de lo determinado en el artículo 5.1.

 

                                                 CAPITULO XIII


                     LOS PROCESOS PREVISTOS EL PROCESO GENERAL

 

Art. 33. (Contenido de las denuncias).- Todas las denuncias por infracciones aduaneras serán hechas por escrito a la autoridad jurisdiccional competente; contendrán el nombre y el domicilio del denunciante a todos los efectos del juicio; la narración precisa de los hechos constitutivos de la presunta infracción en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto con el artículo siguiente; el nombre y domicilio de los denunciados, si fuera posible y la firma de quien formula la denuncia; si ésta es realizada por un particular deberá presentarse con asistencia letrada.

Art. 34. (Prueba con la denuncia) Se acompañará a la denuncia toda la prueba documental que el denunciante intente hacer valer y los documentos que acrediten la personería. También se deberá indicar el nombre y domicilio de los testigos de que habrán de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse y solicitar su diligenciamiento. Solo podrán ser propuestas posteriormente por los denunciantes las pruebas claramente supervenientes o las referidas a hechos nuevos o a las mencionadas  por la parte denunciada al contestar la acusación u oponer excepciones.

Art. 35. (Declaración de indagados):
1.- Recibida la denuncia, la autoridad jurisdiccional procederá a tomar declaración a los denunciados pudiendo ordenar su conducción por la fuerza pública, exigiéndoles la constitución de domicilio a los efectos del proceso.
2. Será aplicable a dicha audiencia lo dispuesto en el artículo 100 del C.G.P.
3. A dicha audiencia serán también citados, los denunciantes y el Representante Fiscal. La inasistencia a la audiencia de cualquiera de ellos no suspenderá la misma.
4 Los denunciados podrán comparecer a dicha audiencia asistidos por abogado.
5 Los abogados de los denunciados y los denunciantes y el Representante  Fiscal, podrán interrogar libremente al denunciado bajo la dirección del tribunal que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, perjudicial o agraviante, así como dar por terminado el interrogatorio.
Art. 36. (Traslado Fiscal para Calificación o Clausura):
1.- Recibida la declaración de los denunciados, o en el caso que los mismos no comparezcan o no puedan ser ubicados, el tribunal dará vista de las actuaciones al Representante Fiscal por un plazo de diez días.
El mismo deberá pronunciarse acerca de sí entiende que en ese estado existe mérito para presumir la configuración de una infracción y por ello dar iniciación al proceso.
2. En caso que entienda que existe mérito, deberá solicitar la instrucción de sumario, indicando las personas imputadas, la calificación de la presunta infracción y los hechos supuestamente configurativos de la misma.
3. En caso que el Representante Fiscal considerara que no existe mérito para iniciar un proceso por los hechos denunciados, solicitará la clausura de las actuaciones.
4. En el caso que la autoridad administrativa o jurisdiccional hubiera dispuesto alguna medida cautelar contra los denunciados o los bienes objeto de la presunta infracción, el Representante Fiscal deberá pronunciarse expresamente acerca de la necesidad y pertinencia de las mismas.

Art. 37. (Clausura o Traslado de la solicitud de Calificación):
1. Si el Representante Fiscal solicitara la clausura de las actuaciones, se dispondrá la misma sin más trámite de manera inapelable.
2. Si el Representante Fiscal solicitara la iniciación del proceso, el tribunal dará traslado personal por 6 días a aquellas personas contra quienes se haya solicitado el mismo.

Art. 38. (Calificación):
1. Vencido el plazo del traslado o evacuado el mismo, el tribunal determinará si en ese estado existe mérito suficientes para proceder a la iniciación del proceso.
A estos efectos, deberá considerar si los hechos señalados por el Representante Fiscal pueden configurar una infracción aduanera y si de los mismos puede presumirse alguna responsabilidad jurídicamente imputable a las personas señaladas como denunciadas.
2. Si el tribunal entendiera que existe mérito, determinará la iniciación del proceso, indicando las personas que podrán quedar afectadas al mismo en calidad de denunciantes y de potenciales acusados, calificando la infracción que podría haber configurado los hechos señalados por el Representante Fiscal.
3. Si el tribunal entendiera que no existe mérito deberá disponer la clausura de las actuaciones.
4. El tribunal deberá pronunciarse expresamente acerca de las medidas cautelares que hubiera dispuesto contra los denunciados o los bienes objeto de la presunta infracción la autoridad administrativa o jurisdiccional.
El tribunal podrá confirmar dichas medidas, modificarlas, sustituirlas o disponer el cese de las mismas. A estos efectos resultan aplicables los principios establecidos en el artículo 312 del Código General del Proceso.

Art. 39. (Apelabilidad):
1. La Resolución de dar iniciación al proceso será inapelable.
2. Si la resolución dispone la clausura de las actuaciones, la misma podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación por el Representante Fiscal, en un plazo de 6 días.
3. El contenido de la resolución en cuanto refiera a las medidas cautelares, podrá ser objeto de los recursos de reposición y apelación, en un plazo de 6 días, por el interesado afectado por las mismas, el Representante Fiscal y los denunciados. El recurso de apelación tendrá efecto no suspensivo y tramitará por pieza por separado.

Art. 40. (Operaciones):
Decretada la iniciación del proceso se remitirá el expediente a la autoridad aduanera más próxima a efectos que en un plazo de diez días hábiles informe lo siguiente:
 A.- El estado de la mercadería o efectos objeto de la presunta infracción y su calidad de nuevos o usados.
 B.- Su valor en Aduana;
 C.- Su valor comercial, entendiéndose por tal el promedial de plaza en ventas al por mayor; la estimación incluirá una relación circunstanciada de los bienes, especificando sus características principales;
 D.- Los tributos porcentuales correspondientes que gravan la importación o exportación según correspondiera.
 E. Liquidación de las eventuales multas que corresponderían como sanción para el caso que se hubiera configurado la infracción.

Art. 41. (Traslado de las operaciones): De las operaciones practicadas por la autoridad aduanera fijando el valor en aduana, los tributos correspondientes, el valor comercial y la multa, se dará vista al Representante Fiscal, a los imputados y denunciantes, quienes podrán oponerse a  dichas operaciones dentro del término perentorio de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación. En tal caso, se ordenará una nueva liquidación la que deberá practicarse por el Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, a cuyo vencimiento será elevada a la autoridad interviniente.
Si no existiera oposición o luego del pronunciamiento del Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles, el tribunal aprobará o rectificará el resultado de las operaciones. Dicha resolución será apelable con efecto diferido.

Art. 42. (Demanda acusación):
1. Determinado el resultado de las operaciones, el tribunal dará traslado al Representante Fiscal para que en un plazo perentorio de 30 días, improrrogables, interponga demanda acusación.
La misma deberá contener la narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho y los medios de prueba pertinentes conforme lo dispuesto en el artículo 118 del Código General del Proceso.
2. Vencido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto demanda acusación o en caso que el Representante Fiscal desistiera expresamente de ejercer su derecho de acción, el tribunal determinará la clausura de las actuaciones de manera inapelable.

Art. 43. (Traslado de la demanda acusación):
1. De la demanda acusación se dará traslado a los acusados por treinta días.
2. En caso que el demandado se domiciliare fuera del país, será emplazado mediante exhorto librado a las autoridades del lugar que se domicilie. En este caso el plazo para comparecer a contestar será de sesenta días.
3. No será aplicable al proceso aduanero lo dispuesto en el artículo 127 del Código General del Proceso.

Art. 44. (Contenido de la contestación):
Será aplicable a la contestación de los acusados lo dispuesto en los artículos 130 a 135 del Código General del Proceso, salvo en lo que se refieren a la reconvención.
Art. 45. (Citación a audiencia preliminar):
Transcurridos los plazos señalados en el artículo 44, con contestación o sin ella, se convocará en forma personal a los acusados, el representante Fiscal y los denunciados a audiencia preliminar.

Art. 46. (Audiencia Preliminar):
Las partes y los denunciantes podrán comparecer a la audiencia en forma personal o por intermedio de sus representantes.
Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes o los denunciantes no pudiere comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.
La inasistencia del acusado facultará al tribunal a dictar sentencia de inmediato y tener por ciertos los hechos afirmados en la demanda acusación en todo lo que no se haya probado lo contrario en autos.
La inasistencia del Representante Fiscal constituirá falta grave administrativa que deberá ser comunicada por la autoridad jurisdiccional al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y los autos se pasarán al otro Fiscal Letrado Nacional de Aduanas y de Hacienda para que siga interviniendo en el asunto. Sin perjuicio de esto, esta inasistencia no impedirá la realización de la audiencia.
Ante la inasistencia del denunciante el tribunal determinará la pérdida por el mismo de su derecho a los beneficios económicos y procesales derivados de su calidad de denunciante.

Art. 47. (Contenido de la audiencia preliminar)
1. Salvo lo previsto en el numeral 3 del art. 341 del Código General del Proceso, el contenido de la audiencia preliminar será el previsto en dicha norma legal.
2. Serán aplicables a dicha audiencia, asimismo, las disposiciones establecidas en el artículo 342.3 a 342.7 del Código General del Proceso.
3. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admiten el recurso de reposición, el que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.
4. Pero las sentencias interlocutorias que obsten a la prosecución del proceso admitirán los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo, que deberá anunciarse en la audiencia e interponerse dentro de los seis días de la misma.

Art. 48. (Audiencia complementaria):
1. Si la prueba no hubiera podido diligenciarse en la audiencia preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes y a los denunciantes a la audiencia complementaria de prueba en el más breve tiempo posible.
2. La audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de algunas de las partes o de los denunciantes, salvo el caso de que, por única vez, el tribunal entendiere procedente prorrogarla por existir razones de fuerza mayor que afecten a ellos.
3. También podrá prorrogarse por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltase diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia siempre que el tribunal la considere indispensable para la instrucción, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.
4. En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba y se oirá a los peritos y testigos, los cuales permanecerán aguardando su término, a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el tribunal autorice su retiro.
5. Todo lo actuado se documentará en forma textual, en acta que se labrará durante el transcurso o al cabo de la misma. Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del acta, estándose, en ese caso, a lo que resuelva el tribunal en el acto y de modo inmediato.
En particular, se dejará constancia de las resoluciones del tribunal rechazando o admitiendo alguna prueba controvertida, así como de la interposición de recursos y, en su caso, de lo decidido por el tribunal a su respecto.

Art. 49. (Alegatos):  Terminada la audiencia y durante 15 minutos, que podrán ser prorrogados por el tribunal por un lapso similar alegarán las partes y los denunciados por su orden, pudiendo el tribunal solicitar las aclaraciones o precisiones pertinentes, sea durante el curso del alegato, sea a su finalización. Por excepción, tratándose de asuntos de especial complejidad, el tribunal podrá ampliar el lapso concedido a las partes para alegar de modo adecuado a dicha complejidad. El alegato oral podrá ser sustituido por un alegato escrito no mayor de  ocho páginas o a criterio de la autoridad jurisdiccional.
Art. 50. (Sentencia): Finalmente el tribunal se retirará para considerar su decisión y a continuación pronunciará sentencia. Podrá disponer la prórroga de la audiencia por un plazo  no mayor de treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos.
La sentencia dictada fuera de estos plazos se considerará nula.

EL PROCESO ESPECIAL POR DIFERENCIA

Art. 51. (Procedimiento):
1.- En los casos que se formule una denuncia o se plantee una discrepancia en los términos del literal A del numeral 1 y literal A del numeral 2 del artículo 4,  de la presente ley,  acerca de la clasificación arancelaria, especie, clase o calidad de la mercadería objeto de una operación aduanera, se seguirá el proceso general con las siguientes modificaciones.
2.- (Conocimiento de la autoridad judicial)
Una vez labrada el acta prevista en el artículo 9 B, los antecedentes se remitirán ante la autoridad judicial competente, la que recibirá la denuncia de acuerdo a las previsiones de los artículos 34 y 35..
     3.- (Traslados y prueba).-
El representante Fiscal y el denunciado en el acto de evacuar los traslados previstos en los artículos 37 y 38 deberán indicar los medios de prueba pertinentes que se intentarán hacer valer en el eventual proceso conforme lo dispuesto en el artículo 118 del Código General del Proceso.
    4.- (Diligenciamiento de la prueba)
En la resolución de calificación el tribunal, si entiende que existe mérito  para determinar la iniciación del proceso, además de lo que establecido en el artículo 39 deberá ordenar el diligenciamiento de la prueba ofrecida por los denunciantes, el Representante Fiscal y el denunciado.
5.- (Conocimiento de la Junta de Aranceles)
 Diligenciada la prueba se remitirán las actuaciones para el dictamen de la Junta de Aranceles.
De la decisión de la Junta de Aranceles podrá pedirse reposición ante la autoridad judicial dentro de los seis días hábiles.
Recibida la resolución definitiva de la Junta de Aranceles, el tribunal dará traslado al Representante Fiscal para que en un plazo perentorio de 30 días improrrogables, interponga o no demanda acusación.
      6.- (Contestación de la acusación)
En caso que el Representante Fiscal interpusiera demanda acusación se dará traslado de la misma a los acusados de acuerdo al artículo 44.
      7.- (Sentencia Judicial)
Contestada la acusación o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal dictará sentencia en un plazo no mayor a los treinta días.

                                              CAPITULO XIV  
Disposiciones Generales.

 Art. 52. (Tentativa) La tentativa será reprimida con la misma sanción que la infracción consumada.
 Art. 53. (Potestades de las autoridades aduaneras)
1.- Las autoridades aduaneras, con el auxilio de la policía o sin él, tienen facultad para retener toda mercadería o efectos  en viaje que fueran sospechados de encontrarse en infracción aduanera, debiendo iniciarse de inmediato los procedimientos jurisdiccionales. Si de las primeras indagatorias las sospechas quedasen confirmadas se iniciará la etapa de calificación y se aplicará en lo pertinente las disposiciones de esta ley.
   2.- (Orden de allanamiento)  Las mismas autoridades, provista de orden de allanamiento pertinente que deberá solicitarse por escrito y con expresión de los fundamentos de hecho y de derecho, podrán reconocer los lugares y depósitos en que puedan encontrarse mercaderías en infracción aduanera, solicitando los comprobantes de pago de los tributos fiscales o de su fabricación nacional o de adquisición en plaza. Para retirar documentos  debe constar esa facultad por escrito en la orden de allanamiento.
 Art. 54. (Medidas cautelares)
         1.- La autoridad interviniente podrá en su caso:
 A.- Dictar las providencias necesarias para garantizar el pago de los gravámenes, multas, recargos y demás adeudos;
 B.- Disponer la entrega bajo garantía a los denunciados de las mercaderías, embarcaciones o medios de transporte detenido y/o incautado, cuando así lo soliciten;
 C.- Intimar a los denunciados el retiro bajo garantía de los mismos dentro del plazo que la autoridad podrá fijar, cuando su retención o conservación produjere perjuicios o estuvieren expuestos a riesgos.
 D.- Cuando la intimación de retiro no diese resultado podrán entregarse a los denunciantes o aprehensores u ordenarse su remate.
 2.- (Entrega bajo garantía) La entrega o retiro se ajustará en todos los casos a los siguientes requisitos:
 A.- Se fijará el valor comercial de las mercaderías o efectos o bienes.
 Dicho valor será el estimado al realizarse las operaciones previstas en el artículo 35, siempre que su antigüedad no fuere mayor de tres meses de la solicitud de entrega. Si excediere dicho término o a juicio de la autoridad interviniente han sobrevenido factores modificativos, se dispondrá nueva estimación por las oficinas aduaneras correspondientes.
 B.- Deberá prestarse garantía suficiente que cubra dicho valor comercial. La misma podrá constituirse en dinero en efectivo. Tratándose de otro tipo de garantías, previa vista del Representante Fiscal se calificará la misma y tal decisión no admitirá recurso alguno;
 C.- Se depositarán previamente al retiro el importe de los gravámenes correspondientes.
 D.- En caso de condena en los que se hubiere entregado la mercadería a los denunciados, estos deberán pagar su valor comercial estimado a la fecha de la sentencia, de modo que represente en lo posible el valor del comiso.
 3.- (Diligencias sustitutivas) La autoridad interviniente podrá sustituir las diligencias previstas en los numerales precedentes, salvo que la solicitud de entrega la haya efectuado el denunciado, ordenando el remate de lo incautado, sin perjuicio de la entrega a organismos del Estado de las mercaderías que obligatoriamente deben serle entregadas.

Art. 55. (Responsabilidad)
1.- Los Despachantes de Aduana serán responsables por el pago de los tributos aduaneros, tasas portuarias y por las infracciones que se consumaren en la tramitación de las operaciones de importación, exportación, tránsito y cualquier otra operación aduanera, salvo en los casos de defraudación o diferencia de valor en que responderá exclusivamente el importador, siempre que no hubieren cumplido con todos sus deberes inherentes al régimen, operación, destinación o cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare.
Los propietarios, consignatarios o quienes tengan derecho a la disposición de las mercaderías serán solidariamente responsables con el despachante.
Asimismo, serán exclusivamente responsables por las infracciones previstas en el literal D del numeral 1 del artículo 4, literal C del numeral 2 de mismo artículo y  artículos 11 y 13. En estos casos, responderán también exclusivamente por los tributos, gravámenes, tasas y proventos a que diera lugar la operación objeto de dicha infracción.
 2.- El hecho de que el despachante o solicitante de la operación no sea dueño de las mercaderías o efectos, no impedirá el comiso, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder ante dicho dueño.
 3.- Si no hubiere despachante o solicitante de la operación, responderán, solidariamente, el que conduzca las mercaderías o efectos y el dueño de los mismos. Si fueren varios los infractores, responderán solidariamente todos ellos.
Art.  56. (Determinación de las operaciones)
1.- A los efectos de la determinación del monto de las infracciones aduaneras previstas por la presente ley se tendrá en cuenta la fecha de numeración y registro del despacho aduanero, la fecha de la infracción o de la detención en su caso.
 2.- (Conceptos de tributos) A los efectos de las infracciones previstas en la presente ley se consideran tributos aquellos que el Estado exige en ocasión de la entrada y salida del país de todo tipo de mercaderías o efectos., exceptuados los tributos administrados por la Dirección General Impositiva o a los que resulte aplicables las normas sancionatorias del Código Tributario u otra norma especial.
En el caso de los tributos excluidos por el inciso anterior, la Dirección Nacional de Aduanas colaborará con los organismos correspondientes en su recaudación y en la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con las normas que resulten aplicables.
 3.- (Pago de multas) Las multas se pagarán en la misma forma, condición y plazos que los tributos relativos a la operación que la motive, sin perjuicio de lo previsto en el art. 372 del Código General del Proceso.

 Art. 57. (Irresponsabilidad de entes públicos) Los entes autónomos, servicios descentralizados, establecimientos públicos y reparticiones del Estado y de los Municipios quedan exentos de toda responsabilidad en materia de infracciones aduaneras, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se puedan aplicar a los funcionarios y/o despachantes que intervinieren.
 En ningún caso, lo establecido en el inciso precedente, exonerará del pago de los tributos que correspondiere abonar en toda entrada o salida, importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos.

 Art. 58. (Régimen de la culpabilidad) 
1.- Nadie puede ser sancionado por un hecho que esta ley prevé como infracción aduanera si no actuó con culpa. Se es culpable cuando con motivo de ejecutar un hecho, en sí mismo jurídicamente indiferente, se derive un resultado que pudiendo ser previsto, no lo fue por imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes o reglamentos.
 2.- Cuando la presente ley manda o prohíbe ciertos actos en defensa de un determinado bien jurídico el dolo o la culpa se apreciarán en relación con los actos mandados o prohibidos y no con el bien jurídico que se pretende salvaguardar.
 3.- Si para responder por los actos ordenados o prohibidos en materia de infracciones aduaneras basta la culpa, se castiga también el dolo; pero si se requiere el dolo no se imputa la culpa.

Art. 59. (Consulta previa)
1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no habrá lugar a ningún género de sanción ni reliquidación tributaria cuando previa consulta fundada, la operación haya sido realizada de acuerdo con las normas establecidas por escrito ante la autoridad aduanera competente. A dichos efectos, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que la referida consulta deberá presentarse y el procedimiento requerido para su sustanciación, así como los eventuales recursos que podrán deducirse ante la respectiva resolución.
2.- (Despacho Condicionado)  Cuando se realiza una consulta previa fundada, el interesado puede realizar la operación aduanera condicionada a la respuesta de la Dirección Nacional de Aduanas.
En ese caso, en la declaración se deberá hacer referencia a la consulta. Una vez firme dicha resolución el solicitante deberá regularizar la operación según la respuesta.
En caso que la respuesta no acepte el criterio seguido por el solicitante al tramitar la operación, no se considerará configurada ninguna infracción aduanera.
  Art. 60. (Prescripción)  Las acciones fiscales por infracciones aduaneras y para reclamar el reintegro de gravámenes cobrados de menos por la Aduana se prescribirán a los cinco años contados desde la consumación del hecho que las motive.
En los casos que den lugar a infracciones de contravención o diferencia el plazo de prescripción por la misma y el reintegro de los tributos será de dos años.
El decreto de instrucción de sumario interrumpe la prescripción.
Cualquier reclamación de los particulares por asuntos aduaneros se prescribirá a los cuatro años de consumado el hecho que la motive. Interrumpe este plazo cualquier gestión administrativa efectuando dicha reclamación. 
 Art. 61. (Remisión) Se aplicarán en lo pertinente las disposiciones contenidas en los arts. 1 a 106 del Código Penal.
 Art. 62. (Adjudicación de comisos y multas) El comiso o el resultado del remate y las multas que se impongan, se adjudicarán en la forma establecida en la legislación vigente. 
 En los casos comprendidos en los artículos 14, 18 y 21, cuando no puedan cobrarse los tributos al infractor, la autoridad interviniente podrá exonerar total o parcialmente al denunciante o aprehensor de pagarlos.

 Art. 63. (Contrabando penal) Es aplicable a los hechos previstos en el art. 28 de la ley 12.091 de 5 de enero de 1954 y artículos 14  y 18 de la presente ley, lo dispuesto en el art. 257 del Código Penal. En los casos previstos en el artículo 18 de esta ley la pena será de 12 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, salvo que la situación esté prevista en el Código Penal con una sanción mayor.
 Art. 64. (Delito de Defraudación Aduanera): El que directamente o por interpuesta persona, mediante estratagemas o engaños artificiosos  con el fin de obtener, para si o para un tercero un provecho indebido, a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos o incumpliendo una restricción para la importación o exportación de cierto tipo de mercadería,  establecida por leyes o reglamentos aún no aduaneros será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Este delito se perseguirá a denuncia de la Dirección Nacional de Aduanas, mediando resolución fundada, siempre que haya sentencia definitiva firme de condena por una infracción aduanera dictada por el órgano jurisdiccional competente.

 Art. 65. (Vigencia) El procedimiento establecido en la presente ley se aplicará a los procedimientos que se inicien desde su entrada en vigencia.

 Art. 66. (Obligaciones de los funcionarios)

 1.- Todos los funcionarios aduaneros deben cumplir estrictamente las órdenes que impartan las autoridades judiciales y la Dirección Nacional de Aduanas.
 2.- (Reglamentación) El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. Mientras no lo haga, regirán en lo pertinente las disposiciones establecidas en el decreto de 18 de enero de 1943, reglamentario del decreto ley 10.257 de 23 de octubre de 1942.

Art. 67. (Reconocimiento administrativo y convenios de pagos)  El Director Nacional de Aduanas actuando directamente o por medio de funcionarios a los que se les haya delegado atribuciones expresamente y por resolución fundadas podrá realizar acuerdos con los contribuyentes con las siguientes condiciones:
 1.- El acuerdo solo podrá relacionarse con los tributos y multas determinados por la administración.
 2.- En los convenios de pago podrán otorgarse facilidades para cancelar los adeudos no pudiendo ser superior a 72 cuotas consecutivas, mensuales e iguales.
 3.- Los montos liquidados se establecerán en Unidades Reajustables y se actualizarán conforme a  la variación que sufra la misma.
 4.- Los convenios precedentes se extenderán por acta donde comparecerá el administrado con asistencia letrada y si lo estima pertinente, además con contador público o despachante de aduanas o ambos. El acta, además de los citados, será suscrita por el funcionario que detecte la infracción y por el Jefe de la División, departamento u oficina a que pertenezca el funcionario. En la misma se efectuará la descripción de la infracción con indicación precisa de la o las operaciones aduaneras involucradas, mención de las normas violadas o no observadas y liquidación de tributos y anexos sancionatorios y otros. Al acta se agregará copia certificada de la documentación aduanera en la que se acredita la o las operaciones constitutivas  de la operación, la que se considerará parte integrante de dicha acta.
 5.- El acta será elevada a la autoridad judicial competente la que previa vista del Representante Fiscal por 6 días hábiles podrá homologarla o no o solicitar las diligencias indagatorias que considere del caso. En esta última situación la autoridad judicial podrá decretar la instrucción de la indagatoria y la calificación de los hechos.
 6.- Ningún convenio de pago ni de reconocimiento en sede administrativa de las infracciones, salvo el caso previsto para la diferencia, podrá ejecutarse sin la previa homologación de la autoridad judicial.

 Art. 68. (Actualización de tributos y multas): Los tributos y toda aquella sanción pecuniaria que se imponga como consecuencia de infracciones en materia aduanera que no se perciban en forma inmediata, así como las fianzas dispuestas en el art. 10 del decreto ley 14.629 del 5 de enero de 1967 serán actualizadas en el momento del pago, conforme a la variación del Índice General de los Precios al Consumo y por aplicación del decreto – ley 14.500.
 La actualización se efectuará en función de la variación producida desde el momento en que se consumó la infracción hasta el momento de su efectivo pago.